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Embajadora especial para el monitoreo y combate al tráfico de personas, Susan Coppedge Sobre el informe sobre el tráfico de personas de 2017

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DEPARTAMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS
Oficina del portavoz
Para publicación inmediata                                                                                               27 de junio de 2017

Sesión informativa oficial
27 de junio de 2017
Sala de prensa
Washington, D.C.

Esta mañana, el secretario Tillerson presentó el informe sobre el tráfico de personas de 2017, una reflexión de los líderes mundiales sobre este importante asunto de derechos humanos y nuestra principal herramienta de diagnóstico para determinar los esfuerzos gubernamentales en materia de enjuiciamiento, protección y prevención.

Dicho informe es también un símbolo de nuestra obligación moral y legal de combatir el tráfico de personas y está en consonancia con el compromiso histórico de nuestro país de promover la dignidad y la libertad humanas en todo el mundo.

El informe de este año —traje una copia; seguro que todos querrán una— destaca que los gobiernos deben hacer todo lo que esté en su poder para que los traficantes rindan cuentas: desde la aprobación y aplicación de leyes de lucha contra el tráfico hasta el enjuiciamiento de los funcionarios cómplices que traicionan la confianza pública y se benefician del sufrimiento de otros.

Como afirmó el Secretario esta mañana, la complicidad y la corrupción que facilitan el tráfico de personas deben terminar. La justicia debe servir para disuadir a los posibles traficantes, pero también para restaurar la dignidad de los sobrevivientes.

Para lograr esto, los gobiernos deben acelerar la administración de la justicia y, al mismo tiempo, respetar las debidas garantías procesales, imponer las penas de cárcel adecuadas y acordes a la naturaleza atroz del delito, y enjuiciar a todas las partes penalmente responsables y a los intermediarios.

El tráfico de personas es un delito oculto arraigado en el engaño. Las víctimas son forzadas o intimidadas a mantener silencio, y suelen temer que se las castigue si realizan la denuncia correspondiente. Cuando los gobiernos promulgan y aplican leyes fuertes e integrales contra el tráfico, envían un mensaje inequívoco a los delincuentes: no toleraremos esto. Los traficantes, no sus víctimas, deben afrontar el castigo, y lo harán.

Esta mañana, el secretario destacó algunos ejemplos positivos de la actuación de gobiernos dirigida a que los traficantes de personas rindan cuentas, y elogiamos a estos y otros gobiernos que toman casos difíciles y lleven a cabo el enjuiciamiento hasta el final. Pero con una estimación de más de 20 millones de víctimas del tráfico a nivel mundial, los enjuiciamientos siguen siendo insuficientes dada la escala del problema, y todos tenemos más trabajo por delante.

Estas son algunas estadísticas breves del informe de este año. De los 187 países cuya evaluación los ubica por debajo de los estándares mínimos, 36 países se situaban en el primer nivel, 80 en el segundo, 45 en la lista de observación del segundo nivel y 23 países estaban en el tercer nivel. En total, hay 21 casos de descenso —es decir, que el país bajó un nivel— y 27 de ascenso.

No obstante, más allá del nivel, todos los países, incluso los que se encuentran en el primer nivel, deben hacer más para combatir el tráfico. Los países del primer nivel solo cumplen los estándares mínimos para hacer frente al tráfico, motivo por el cual el citado informe ofrece recomendaciones para los de primer nivel además de los otros.

En el caso de muchos países, una preocupación fundamental es que no se imponen suficientes penas para los traficantes de modo tal que se disuada la actividad criminal o que reflejen la naturaleza del delito. Todavía vemos casos de funcionarios del gobierno que protegen los burdeles, aceptan sobornos de los traficantes y obstruyen las investigaciones a cambio de una ganancia; al mismo tiempo, seguimos notando que los gobiernos penalizan y castigan a las víctimas por delitos que cometen obligadas por sus traficantes.

Es por ello que continuamos utilizando el informe relativo al tráfico de personas como instrumento en la diplomacia, un medio para efectuar cambios a nivel mundial e impulsar los avances en todo el mundo. Esperamos que siga instando a los gobiernos extranjeros a promulgar leyes, a establecer planes nacionales de acción y a ejecutar políticas y programas significativos de lucha contra el tráfico.

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Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.
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