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Sanciones económicas adicionales para abordar las violaciones derechos humanos y la corrupción en Nicaragua

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Departamento de Estado de los Estados Unidos
Declaración de prensa
Secretario de Estado, Michael R. Pompeo
8 de noviembre de 2019

 

El 7 de noviembre, actuando en apoyo al pueblo nicaragüense y su reclamo de que se restablezca la gobernanza democrática, Estados Unidos demostró una vez más su compromiso de usar todas las herramientas económicas y diplomáticas a su alcance para que el régimen de Ortega rinda cuentas por las violaciones de derechos humanos y la corrupción desenfrenada.

Estados Unidos ha aplicado sanciones a los funcionarios claves del régimen Roberto José López Gómez, Ramón Antonio Avellán Medal y Lumberto Ignacio Campbell Hooker, conforme a lo establecido en la Orden Ejecutiva 13851 (“Bloqueo de bienes de determinadas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”). Con esta medida, sus activos estadounidenses quedan bloqueados y se prohíbe de manera general a las personas estadounidenses realizar transacciones con López, Avellán y Campbell.  Avellán fue designado simultáneamente conforme a la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act) de 2018.

Avellán es subdirector general de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) y ha sido clave para que Ortega mantenga el control de la policía y de sus contrapartes parapoliciales, que son herramientas esenciales de la represión impuesta por el régimen. La PNN lleva a cabo detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de personas que se manifiestan contra el gobierno. Esta campaña de represión por miembros de la PNN y fuerzas parapoliciales que responden a Avellán ha dejado un saldo de numerosos muertos y cientos de heridos. Campbell es presidente interino del Consejo Supremo Electoral y es responsable de haber manipulación electoral para favorecer a Ortega, al asegurar que este y sus aliados se impongan en los comicios a través de mecanismos fraudulentos. López es un oficial retirado del Ejército y director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Posibilitó que el presidente Ortega utilizara fondos públicos de jubilaciones para premiar a actores leales y defraudar a los nicaragüenses, además de usar los mecanismos de control del INSS para perseguir a opositores políticos.

El régimen de Ortega debe poner fin a la represión y responder al reclamo de los nicaragüenses de que se lleven a cabo elecciones verdaderamente libres y justas, en forma anticipada y con transparencia. Es indispensable que el régimen cumpla los compromisos que ya ha asumido en el marco de las negociaciones con la Alianza Cívica y conforme a la Carta Democrática Interamericana. Instamos a Nicaragua a liberar –en forma total e incondicional– a todas las personas que fueron detenidas arbitrariamente y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán promoviendo que rindan cuentas por sus acciones quienes demuestran un menosprecio manifiesto por los derechos humanos y fomentan la violencia en apoyo al régimen de Ortega.


Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.
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